Por
Rodulfo Reyes
Los periodistas siguen cayendo pero nada más en el interior del país. Y en los casos en que se ha avanzado en la resolución de los crímenes, cuyo 98 por ciento queda impune, ha sido porque el gremio ha escalado sus protestas y el gobierno federal ha enviado a personal especializado a coadyuvar con las investigaciones de las fiscalías estatales.
La organización no gubernamental Artículo 19, con sede en Inglaterra, reporta que en México van 35 asesinatos de reporteros en lo que va de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, quien desde a finales de los ochenta que dimitió al PRI y se convirtió en líder opositor, ha manejado un discurso de odio contra la prensa, escenario que se ha agudizado desde 2018 que ganó las elecciones presidenciales.
No hay periodista mexicano conocido que no haya sido desacreditado por el de Macuspana, incluso muchos de los que fueron desdeñados por el régimen priísta por haber simpatizado con su causa. En su mayoría, medios y periodistas que le publicaron en los noventa que la prensa priísta de su estado le cerró con llave la puerta, hoy son agredidos por él.
En ese contexto debe verse los asesinatos de periodistas: se trata de una profesión denigrada todos los días desde el poder. Los periodistas, desde la óptica de la llamada Cuarta transformación, valen menos que un centavo partido por la mitad.
La oficina en México de Artículo 19 contabiliza 48 periodistas caídos durante el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto, por lo que puede vaticinarse que el período de López Obrador será más trágico que las dos anteriores administraciones.
En los últimos 22 años, esa organización ha documentado 153 asesinatos de periodistas en México, de los que 141 eran hombres y 12 mujeres.
Los ataques se han perpetrado en el interior de la nación. Veracruz es la entidad donde hay más riesgo para la prensa, y ha sido la administración de Javier Duarte (2010-2016) la más letal con 18 comunicadores acribillados, incluyendo el reportero gráfico Rubén Espinoza, quien fue ultimado en la Ciudad de México, a donde llegó huyendo del hostigamiento gubernamental.
Ante las denuncias de que su gobierno disminuyó el presupuesto para el mecanismo de protección a periodistas, el 6 de abril el presidente López Obrador anunció que el 25 por ciento de los recursos que destina su Gobierno a la publicidad, se destinará a un programa para brindar seguridad social a comunicadores que no cuentan con ello.
Esta partida será para financiar un programa de protección vinculado al IMSS e incluirá pensiones y atención médica para los comunicadores y sus familias.
A la fecha aún se desconoce cómo se le hará llegar el apoyo al gremio ni se sabe de algún plan en concreto, pues el mandatario solo mencionó que se hará un censo y se creará un comité de periodistas para autorizar y otorgar los apoyos.
El 25 por ciento del ahorro del gasto destinado a publicidad, que es de tres mil millones de pesos este año, equivale a 750 millones de pesos.
Más allá de ese anuncio, en la narrativa del jefe del Ejecutivo federal continúan los ataques a medios y periodistas, con exposición multimedia en las conferencias de prensa mañaneras, que son trasmitidas en tiempo real por los medios electrónicos del Estado, por lo que las agresiones del presidente tienen un auditorio masivo, lo que vuelve potencialmente peligroso al oficio.
Y es que el ciudadano común que simpatiza con el popular mandatario no sabe diferenciar que los ingresos de Carlos Loret de Mola, por citar al periodista más criticado por el tabasqueño, no se comparan con lo que se gana en provincia.
Pero la embestida a los medios configura un ánimo generalizado de desprecio por una profesión a la que López Obrador nunca le ha tenido respeto, y que –en consiguiente– atraviesa por una de sus peores épocas, sobre todo a raíz de que el Gobierno federal decidió hacerse de espacios en las redes sociales para encarar la crítica periodística.
