Por
Rodulfo Reyes
El domingo pasado que se celebró el Día del Maestro se cumplieron cuatro años de que fue asesinado el periodista Juan Carlos Huerta Martínez, sin que se haya avanzado en las investigaciones más allá de la detención y la condena a 20 años de cárcel del presunto autor material. El comunicador era socio de una estación de radio que acaba de entrar en operaciones meses antes de su muerte, y conductor del noticiero de un canal local de televisión.
El 15 de mayo de 2018, Huerta fue cazado a la salida del fraccionamiento donde vivía por sujetos que viajaban en una camioneta y en un auto; con este último le cerraron el paso a su automóvil y del SUV descendió un sujeto que le dio cuatro disparos calibre 45.
La primera declaración del entonces gobernador Arturo Núñez Jiménez fue que se trató de un ataque directo, y que el móvil no fue el robo, como si no fuera obvio por la forma en que lo interceptaron.
También desde un principio el entonces titular de la Fiscalía General del estado, Fernando Valenzuela Pernas, contribuyó a enmarañar el caso, pues a la primera oportunidad afirmó que su asesinato no tenía que ver con su actividad profesional ni con el crimen organizado, reduciéndolo a un problema de su vida “personal”.
A la FGE le llevó poco más de cuatro meses “detener” a quien presuntamente jaló del gatillo. “Juan Miguel N” ya estaba en el reclusorio de Villahermosa cuando le notificaron, el 20 de septiembre, la orden de aprehensión por el homicidio de Huerta.
Al momento que le fincaron la responsabilidad, el supuesto sicario estaba detenido desde el 5 de junio por un robo armado que había cometido el 13 de mayo, dos días antes de matar al comunicador.
Valenzuela celebró la detención del disparador como si hubiera aclarado el caso. A partir de entonces se dieron declaraciones triunfalistas, y el funcionario llegó a afirmar que se llevaba un avance del 70 por ciento en las pesquisas y que muy pronto caerían el o los autores intelectuales.
Si bien el homicidio de Huerta se dio durante la administración del perredista Arturo Núñez, período en el que de igual forma mataron a Moisés Dagdug, dueño de una estación de radio también crítica del gobierno en turno, en lo que va de la llamada ‘Cuarta transformación’ no se ha avanzado en las pesquisas.
Al menos no se ha dado a conocer que continúe abierto el expediente, lo que ha alimentado las especulaciones de que el autor intelectual del crimen sería alguien muy poderoso como para lograr que el Estado literalmente lo archive.
El 26 de septiembre, cuatro meses después de la ejecución del colega, el caso pareció enredarse aún más cuando apareció en la escena la persona que acompaña a Huerta el día que lo mataron.
Identificada como la principal testigo del caso, la mujer desmintió a la FGE sobre la detención del autor material, ya que dijo que fue presionada para identificarlo.
En una rueda de prensa en que estuvo acompañada de activistas por los derechos humanos, se presentó como la pareja sentimental del periodista y dijo que nunca identificó al asesino como afirmó la Fiscalía.
La mujer, que acudió a la rueda de prensa con grandes gafas oscuras y que no aceptó responder preguntas, aseguró que ella conocía “información de negocios y conversaciones que sostenía (Huerta) con figuras importantes del ámbito político, social y del medio (periodístico)”.
Sobre los socios del comunicador, los identificó pero sin dar nombres; mencionó a un empresario “no muy conocido”, así como a “un político muy conocido y a un funcionario de la actual administración muy cercano al gobernador”.
Después de esa declaración, el Gobierno de Núñez pareció detener las investigaciones.
Desde entonces ha reinado el silencio en torno a la muerte de uno de los comunicadores más importantes de los últimos tiempos en Tabasco.
Lo último que se ha informado es que ‘Juan Miguel N’ fue condenado a 20 años de prisión y a pagar 169 mil pesos por concepto de reparación del daño por el homicidio del periodista de 45 años de edad.
