Por
Rodolfo Pérez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió anular el nombramiento del fiscal general del estado de Nuevo León, Pedro Arce, quien ha sido involucrado en diversos casos de corrupción.
El dictamen del máximo tribunal del país impactó en el sistema judicial de esa entidad, tras la decisión unánime tomada por la Segunda Sala de la SCJN.
La resolución fue en respuesta a una queja interpuesta por el gobernador Samuel García, quien expuso que el Congreso neoleonés había ignorado una sentencia previa de la misma Corte referente al proceso de selección del fiscal.
De tal manera que la Corte instruyó a la Cámara de Diputados de NL repetir el proceso de designación, pero esta vez seleccionando candidatos que cumplan con todos los requisitos legales, lo que evidencia los cuestionamientos que han surgido alrededor de Pedro Arce, quien ha sido vinculado a un sinnúmero de casos de corrupción.
Durante los dos años que estuvo al frente de la Fiscalía, los índices delictivos de Nuevo León han alcanzado su tope histórico; a mediados del año ya se registraban arriba de mil homicidios dolosos, situándose por encima de la estadística nacional.
Al ex fiscal se le ha acusado por graves casos de corrupción y persecución política, entre los que destacan por relevantes la detención de Ricardo Godoy, coordinador de la estructura electoral de Mariana Rodríguez, la primera dama del estado.
En las pasadas elecciones del 2 de julio, en la jornada para la alcaldía de Monterrey, el cesado servidor instruyó para que patrullas de policías ministeriales detuvieran afuera de las casillas a todo el equipo y la estructura electoral de la candidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez.
Entre los casos relevantes se le atribuye la arbitraria detención del empresario y ex alcalde de Cancún, Carlos Canabal Ruiz, quien fue ilegalmente llevado de ese centro turístico de Quintana Roo a Nuevo León para ser juzgado por supuestos delitos de administración fraudulenta de una empresa de su propiedad en Cancún
Se sabe que los señalamientos fueron fabricados para afectar a Canabal, quien fue ilegalmente privado de su libertad.
Esta situación jamás se había presentado, ya que el Estado de Nuevo León, con notoria incompetencia en el caso, no puede juzgar sobre hechos ocurridos en otro estado y, lo que es peor, sobre una empresa de Cancún.
Arce también es señalado por el encarcelamiento ilegal de más de 200 empresarios, a quienes él y sus secuaces extorsionaron durante su gestión, mediante la fabricación de supuestos delitos de fraude para cobrar deudas de carácter mercantil.
Es inédito en la historia que un fiscal de Nuevo León se atreviera a acusar a una persona por hechos supuestamente cometidos en otra entidad, relacionados con una empresa de otro estado, cayendo en la aberrante e inconstitucional actuación de la Fiscalía de NL, que con notoria incompetencia y extraterritorialidad se detuvo y acusó ilegalmente al ex edil de Cancún.
Por todo esto, más lo que se acumule, se espera que pronto Pedro Arce tenga que rendir cuentas a la justicia.
El nuevo fiscal que designe el Congreso tendrá la titánica tarea de enderezar este barco, que tiene hundido a Nuevo León en el récord histórico de ilegalidad y criminalidad a nivel nacional.
A partir de la destitución de Arce y la reanudación del proceso de selección de fiscal se abre la puerta a un escrutinio más profundo de las irregularidades cometidas en el caso Canabal y del equipo de Mariana Rodríguez, así como de la posible corrupción que ha permeado el sistema judicial en Nuevo León.
La SCJN ha dejado claro que no tolerará violaciones a los derechos fundamentales, y ha subrayado la necesidad de un proceso justo y transparente en la selección del próximo fiscal general del estado.
El Congreso neoleonés tiene ahora un plazo de un mes para presentar una nueva lista de candidatos al cargo de titular de la Fiscalía General, entre los cuales se encuentran Teódulo Martínez Salazar, Federico González Scott, y otros nueve aspirantes.
