Por
Rodulfo Reyes
De esclarecerse en las próximas horas o días el asesinato del periodista Alejandro Gallegos León, como todo parece indicar, se estaría ante el primer caso de los últimos tiempos en el que las autoridades logran resolver un crimen de esta naturaleza social.
La ejecución del colega que dirigía La Voz del Pueblo tuvo resonancia nacional y aun mundial por la coyuntura de la ola de inseguridad que ensombrece a Tabasco.
De ahí que la investigación por parte de la Fiscalía General del estado requería de celeridad para descafeinar el ambiente enrarecido por el artero homicidio ocurrido el sábado pasado en el municipio de Cárdenas.
Gallegos León habría sido asesinado por llevar un caso como abogado, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación.
Si la muerte ocurrió por un tema de su vida profesional, pues además de ser comunicador era licenciado en Derecho y catedrático universitario, lo importante es que ya está tras las rejas el primero de los presuntos responsables.
Ahora la oficina de avenida Usumacinta debe aportar elementos de prueba para soportar el expediente y llevar a la cárcel a los demás involucrados.
Si la FGET lograse en poco tiempo la captura de las otras personas participantes, esta sería la primera vez que se le hace justicia a un colega.
Tabasco es un estado donde se han registrado varios asesinatos de comunicadores en los últimos tres sexenio, sin que a la fecha se haya capturado a los autores intelectuales, sino solo a sus verdugos materiales.
El 9 de febrero de 2019, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, fue acribillado en un restaurante mientras desayunaba el comunicador Jesús Ramos Rodríguez, conductor de un programa de radio en el municipio de Emiliano Zapata, desde donde mantenía una importante presencia en la frontera tabasqueña con Guatemala.
Tambien en la administración del ahora presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el 12 de junio de 2019, fue acribillada en su domicilio la periodista Norma Sarabia, corresponsal del diario Tabasco Hoy en el municipio de Huimanguillo.
En lo que viene a ser el más sonado por darse en temporada electoral, Juan Carlos Huerta Gutiérrez, importante periodista de radio y televisión, fue ejecutado la mañana del 15 de mayo de 2018, cuando salía del fraccionamiento donde vivía.
A Huerta, que en tres meses y medio cumple seis años de haber sido asesinado sin que se haya detenido al o a las personas que dieron la orden de quitarle la vida, no se le ha hecho justicia.
Este caso aconteció en el último tramo del gobierno del perredista Arturo Núñez Jiménez, un mes antes de las elecciones presidenciales y para gobernador de 2018.
De la misma forma en la gestión de Núñez, el 20 de febrero de 2016 fue asesinado en su domicilio el dueño de la estación XEVX, Moisés Dagdug, quien, al igual que Huerta, había sido crítico del mandatario en funciones.
El crimen del concesionario de radio tampoco se ha esclarecido, y solo se ha detenido a uno de los dos sujetos que, según las autoridades, lo silenciaron.
De ahí la sospecha de que en ambos crímenes, que no se han resuelto a fondo, hay un trasfondo político.
Durante la administración del priísta Andrés Granier Melo fueron ejecutados los comunicadores Rodolfo Rincón y Alejandro Fonseca.
A ambos los mataron miembros del Cártel de los Zetas, cuyos sicarios fueron detenidos por otras causas, pero ya en prisión confesaron la responsabilidad en las muertes.
Por eso, si se aclara la muerte de Alejandro, sería el primero de los crímenes de periodistas tabasqueños en no quedar impune.
