Por
Rodulfo Reyes
La declaración de ayer del secretario de Gobierno estatal, José Ramiro López Obrador, de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco se encuentra en un proceso «de limpia y depuración», es un indicio de que la administración de Adán Augusto López Hernández, quien quiso gobernar el país al terminar la gestión de su paisano Andrés Manuel López Obrador, dejó crecer el problema de la violencia que hoy le tratan de endosar al nuevo gobierno morenista.
Si bien el derramamiento de sangre tiene su origen el 22 de diciembre de 2023 que un grupo delictivo local se partió en dos, fue hasta diez meses después que se dio el cambio de estafeta y terminó el sexenio de Adán López que la violencia se desbordó en un mar de ejecuciones que actores políticos quieren cargar a la cuenta de la administración del también morenista Javier May Rodríguez, que apenas lleva seis meses sentado en Plaza de Armas.
Apenas despuntaba el nuevo régimen cuando los mismos criminales empezaron a pedir cabezas de funcionarios como el secretario de Seguridad y el fiscal general del estado.
Y ni un mes llevaba despachando May y ya la violencia se había politizado: la oposición se sumó a la demanda delincuencial de exigir la salida de servidores públicos.
Algunas corrientes de Morena, como la del propio ex gobernador tabasqueño y actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se montaron en la cresta de la protesta política.
El también senador morenista Oscar Cantón Zetina llegó a declarar que si el titular del Ejecutivo no podía con el problema, que renunciara.
Un semestre después de haber terminado el período de López Hernández, que siguió mandando en Tabasco pese a que en 2021 solicitó licencia para irse de titular de la Secretaría de Gobernación, puede afirmarse que el crimen tenía copadas a las instituciones de seguridad.
Con una lucha contra el narcotráfico encabezada por la SSPC federal a cargo de Omar García Harfuch, en las últimas semanas se ha detenido a policías en activo y ex mandos señalados como dirigentes de las bandas.
La última detención, el pasado 27 de marzo, fue la de Francisco Javier «N», alias El Guason, identificado como el número dos de La Barredora y ex mando de la Secretaría de Seguridad cercano a Hernán Bermúdez Requena, titular de la dependencia durante el sexenio de Adán López, con quien trabajó desde principios de los 90.
El Guasón tenía a su servicio a policías en activo y era encargado de la logística para asesinar a delincuentes de grupos rivales.
Su detención por parte del grupo de élite de García Harfuch se dio sin hacer un solo disparo, y, según fuentes policiacas, se logró a través del trabajo de inteligencia que está descabezando de manera quirúrgica al crimen organizado en la tierra del ex presidente López Obrador.
Bermúdez Requena es, según dijo el mandatario tabasqueño el 13 de noviembre pasado, el líder de la organización criminal de corte local que ha causado cientos de muertes desde 2019 que fue fundada en la entidad.
Ayer, el secretario de Gobierno López Obrador aseguró que la SSPC, la dependencia que dirigió Bermúdez Requena, se encuentra en un «proceso de limpia y depuración» interna, pues se detectó que desde adentro se pasaba información a la delincuencia.
El encargado de la política interna afirmó que se siguen haciendo operativos «al interior» y fuera de la SSPC, por lo que continúan las aprehensiones; y cada detención que se hace, explicó, lleva a otras detenciones por la información que brindan los detenidos.
De tal suerte que cada vez es más grande la sospecha de que el gobierno de Adán López estaba coludido con el narco o, en el mejor de los casos, no se dio «cuenta» que sus colaboradores del área estaban aliados con los cárteles de las drogas.
¡Y pensar que el tabasqueño que es líder de la Cámara Alta quiso ser presidente de la República al terminar el mandato de su «hermano» AMLO!
