Por
Rodulfo Reyes
A ocho meses de la espiral de violencia en Tabasco, es posible extraer algunas lecciones del conflicto: a) la banda delincuencial responsable del conflicto emanó y fue tutelada en el gobierno anterior; y b) Aunque la federación controla el gabinete de seguridad, que si bien ha logrado contener el problema, la ola de sangre continúa y no se ha podido descabezar la estructura criminal, mientras el tema se ha metido en el terreno de la política.
El semestre con dos meses que llevan en funciones los gobiernos federal y estatal, es el período en que el edén ha estado sometido al imperio de las balas. Nunca antes se había dado un inicio de sexenio con un escenario tan adverso para las autoridades.
El origen de la violencia en Tabasco es de todos conocido: el 23 de diciembre de 2023 el mando de un grupo delictivo local se partió en dos durante una reunión en la casa del entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Hernán Bermúdez Requena, en cuyo domicilio particular se suscitó una balacera que fue el principio de la escalada.
Faltaban nueve meses para que empezara la gestión del morenista Javier May Rodríguez cuando se descompuso la tierra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. La administración de Adán Augusto López Hernández, que terminó Carlos Merino Campos, a quien se identifica como mozo del ahora senador, dejó un reguero de cadáveres y sigue sin dar una explicación de los sucesos sangrientos que hace dos Navidades conmovieron al país.
La violencia se recrudeció al principio del gobierno de May, que a mes y medio de despachar en Plaza de Armas pidió a las autoridades que le entregaron que rindieran cuentas de la situación que dejaron.
Ese mismo día, el 13 de noviembre pasado, el mandatario tabasqueño aseguró que el líder de la Barredora, organización criminal a la que se acusa de las muertes dolosas, era quien había sido titular de Seguridad en la administración anterior.
Conforme han pasado los ocho meses de May al frente de Tabasco ha ido estableciéndose que cuadros de la SSPC eran parte de la estructura criminal. Los principales cabecillas del grupo aquel eran ex policías y mandos en funciones.
En lo que va del actual gobierno han sido detenidos al menos 800 «generadores de violencia», más que todos los aprehendidos en el gobierno anterior, cuando no se hizo nada por desarticular al crimen organizado.
Además, la oposición, que si bien no existe en Tabasco y se limita a un grupo de priístas identificados con el actual presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, se ha mantenido firme en su discurso de atribuir la responsabilidad de la crisis al gobierno de May, sin entrar en el análisis de que el origen del problema se encuentra en la administración anterior.
De las nuevas autoridades, solo el mandatario tabasqueño ha pedido que quienes le antecedieron en el cargo (Adán López y Carlos Merino) aclaren si tenían acuerdos con la bandas criminales.
Por el lado de la federación, ninguna autoridad se ha pronunciado. La difusión en la prensa nacional de que Hernán Bermúdez tenía una orden de aprehensión la hizo el 7 de febrero el periodista Ciro Gómez Leyva, pero se trató de una filtración.
Las veces que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, se ha referido al tema de la violencia en Tabasco, nunca ha mencionado si existe alguna investigación contra colaboradores de Adán López, y solo ha insistido en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene interés en que vuelva la tranquilidad a Tabasco.
