Por
Rodulfo Reyes
Episodios de espionaje telefónico a políticos similar al que le está sucediendo ahora al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se suscitaron en Tabasco siendo parte de la carrera del presidente Andrés Manuel López Obrador, como ocurrió en 1994 que compitió por la gubernatura con el priísta Roberto Madrazo Pintado. Durante la campaña para la elección del 20 de noviembre de ese año, el entonces candidato del PRD denunció el apoyo del gobierno a favor de su contraparte priísta.
En esa ocasión, una comisión de diputados federales perredistas, entre quienes se encontraba el tabasqueño Octavio Romero Oropeza, hoy director general de Pemex, dio a conocer trascripciones de llamadas telefónicas de funcionarios y priístas en las que hablaban del operativo a favor del abanderado del Revolucionario Institucional.
Romero Oropeza, que había llegado a San Lázaro por la vía de la representación proporcional, aseguró que las grabaciones telefónicas contenidas en un casete se las hicieron llegar “desconocidos”.
Según se dio a conocer entonces, fueron legisladores los que revelaron las conversaciones, logradas de manera ilegal, pues se trataba de un delito federal y ellos contaban con fuero.
Por esos días el ahora mandatario mexicano empezó a acuñar la frase de que era el pueblo el que le hacía llegar información favorable a su movimiento. Algo parecido dijo cuando dio a conocer las propiedades del periodista Carlos Loret de Mola y negó que hayan sido funcionarios los que le procuraron la información que no podía hacerse pública por violar los derechos ciudadanos de Loret.
Ahora que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló unas conversaciones telefónicas de su paisano Alejandro Moreno, dirigente nacional priísta, también recurrió a la fórmula de que “le hicieron llegar” el material.
Sobre el origen de las grabaciones ilegales en Tabasco hubo dos versiones: la primera decía que fueron funcionarios federales contrarios a Madrazo los que le proveyeron la información al dirigente opositor, y la otra era que el trabajo sucio fue realizado por un equipo de expertos venidos ex profeso de la capital del país para ayudar a López Obrador.
Las demandas penales que se presentaron nunca prosperaron, y si bien la publicación de las charlas entre priístas en la operación a favor del candidato del PRI no logró demostrar el fraude denunciado por el candidato perredista, el evento logró que el de Macuspana lograse espacios en la prensa de la capital del país.
En Tabasco, la información del espionaje pasó desapercibida, toda vez que el gobierno priísta mantenía un férreo control sobre los medios locales, que no la abordaron en sus primeras planas.
En la Ciudad de México los diarios El Financiero y La Jornada se encargaron de darle seguimiento a la noticia detonada por los diputados federales perredistas, a cuya cabeza se encontraba Octavio Romero, quien en 2000 que López Obrador ganó la jefatura del Gobierno capitalino, fue nombrado oficial mayor.
Al escándalo por la intervención de llamadas telefónicas se sumó otro hecho que terminó por posicionar a AMLO en la política nacional: la revelación de las cajas con la contabilidad de los gastos electorales de Roberto Madrazo.
El 9 de junio de 1995, el de Macuspana ofreció una rueda de prensa en la capital mexicana para dar a conocer la información del dinero usado en la campaña del abanderado priísta, que entonces ya era gobernador de Tabasco.
Acompañaron a Andrés Manuel los consejeros ciudadanos del INE, Santiago Creel, José Agustín Ortiz Pinchetti y Juan Molinar Horcasitas, en un evento en el que se exhibió documentación contable por 237 millones de pesos usados por Madrazo, equivalente a 72 millones de dólares al tipo de cambio de entonces.
De acuerdo con la ley, el tope de los gastos de campaña era de tres millones 718 mil pesos.
En las facturas, pólizas de cheques, notas de remisión y otros documentos aparecían nombres de priístas, políticos de oposición, empresarios, periodistas, observadores electorales y hasta ministros religiosos.
