Por
Rodulfo Reyes
De la misma manera que su nombre figura en todas las investigaciones sobre los presuntos nexos de Morena con el narcotráfico y el huachicol fiscal, las huellas del senador Adán Augusto López Hernández también se advierten en la estrategia política contra la administración de su correligionario Javier May Rodríguez, integrante del primer círculo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien, paradójicamente, también el propio Adán es aliado y operador político.
Frente a la casi inexistencia de los partidos tradicionales como el PRI, PRD y PAN, que a nivel local prácticamente han desaparecido, el grupo político del ex gobernador López está llevando a sus cuadros a Movimiento Ciudadano (MC), en el entendido de que esta fuerza, según encuestas recientes, es la que tiene mayores perspectivas de crecimiento para las elecciones intermedias del año próximo.
La señal más clara de la injerencia del aún poderoso ex secretario de Gobernación es que recientemente fue designada desde la Ciudad de México como dirigenta estatal de ese partido la ex diputada morenista Karla Rabelo, quien formó parte del equipo de campaña de Adán en 2023 que buscó la candidatura presidencial de Morena.
Además, López Hernández negoció en la capital del país con los dirigentes nacionales de MC y PRI, Jorge Álvarez Máynez y Alejandro Moreno, respectivamente, para que el legislador federal priista Erubiel Alonso busque la nominación del movimiento naranja a la presidencia municipal de Centro.
Pero la operación política del grupo adanista no se limita a fortalecer a Movimiento Ciudadano, sino que también busca construir nuevas plataformas desde las cuales disputar espacios de poder en Tabasco.
Uno de esos frentes es el intento de registro de la organización Unión Democrática por Tabasco, del partido Alternativa Social, la cual, de acuerdo con un informe interno sobre el procedimiento de su creación, cuenta con respaldo desde el interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).
Las autoridades electorales encontraron en la documentación presentada deficiencias que ameritan su rechazo, como estatutos incompletos, irregularidades en la fiscalización de recursos, omisiones en la integración de la asamblea estatal y la participación de integrantes de organizaciones sindicales.
Este nuevo partido es encabezado por el ex presidente municipal de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, allegado al diputado federal morenista Jaime Lastra Bastar, considerado el principal operador político de Adán Augusto en Tabasco.
El grupo de Adán logró colocar en octubre de 2020 a Vladimir Hernández Venegas como consejero del IEPCT; este trabajó en el ayuntamiento de Centro entre 2018 y 2021, cuando Bertruy era alcalde y Jaime Lastra coordinador de asesores.
De acuerdo con el documento, la Comisión Dictaminadora del IEPCT concluyó que el expediente presentado por la organización de Bertruy no acreditaba el cumplimiento de diversos requisitos previstos en la legislación electoral local y federal, por lo que el 18 de marzo de 2026 notificó una serie de observaciones y otorgó un plazo de 72 horas para solventarlas.
Entre las observaciones se señala que fueron entregadas copias ilegibles de credenciales para votar y documentos básicos sin las firmas o rúbricas necesarias para acreditar su aprobación.
Asimismo, indica que los estatutos carecían de mecanismos para garantizar la participación política de las mujeres, prevenir la violencia política de género y regular aspectos fundamentales de la vida interna del eventual partido.
El análisis también refiere que la organización no acreditó contar con órganos internos obligatorios, como un sistema de justicia partidaria para resolver conflictos entre militantes ni procedimientos para impugnar decisiones internas.
Además, el expediente tampoco contenía toda la documentación necesaria para acreditar la integración legal de la asamblea estatal, ya que no se anexó correctamente la relación oficial de delegados participantes.
En otro apartado, el reporte precisa que el consejero Vladimir Hernández formó parte de la administración municipal encabezada por Bertruy, por lo que se le identifica como promotor político de Alternativa Social.
Con base en ese antecedente, el dictamen sostiene que esa relación podría dar lugar a cuestionamientos sobre una eventual percepción de imparcialidad y plantea la existencia de un posible conflicto de interés.
Por eso, si el registro de Alternativa Social prospera, ese antecedente acompañará todo el proceso y alimentará las dudas sobre la imparcialidad con que se resolvió un proyecto político vinculado al grupo del senador López Hernández.
