Por
Rodulfo Reyes
El amparo que consiguió hace unos días la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, para impedir que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero revise el manejo de recursos federales ha despertado el interés de varios ex presidentes municipales tabasqueños que tienen observaciones pendientes en sus cuentas públicas.
En aquel estado se impuso la tesis de que solo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede fiscalizar los recursos federales.
Esto ha despertado el interés de algunos exalcaldes que buscarían que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), que depende del Congreso local, quede fuera de procedimiento de revisión.
Sin embargo, hay un antecedente clave que marca la diferencia. En Tabasco la colaboración entre la ASF y el OSFE viene de 2017, cuando se suscribió un convenio formal de colaboración.
Además, el actual titular del OSFE, Juan José Peralta Fócil, en ese entonces despachaba precisamente en Asuntos Jurídicos, por lo que este marco de trabajo conjunto ha estado vigente todo este tiempo.
El tema es de alcance nacional porque en la mayoría de los municipios buena parte del presupuesto viene de participaciones y aportaciones federales. Si este criterio de Acapulco se extiende, el margen de acción del OSFE se reduciría de golpe.
Lo paradójico del caso es que apenas el 29 de junio pasado la ASF y el OSFE firmaron un nuevo convenio de coordinación para fortalecer la fiscalización, el intercambio de información y las mejores prácticas. Lo suscribieron el auditor especial Aureliano Hernández Palacios y el propio Peralta Fócil, con el discurso de cerrar espacios a la opacidad y mejorar la rendición de cuentas.
O sea, mientras las dos instituciones que deben vigilar el uso del dinero público se dan la mano, en otros frentes ya se anda buscando la forma judicial de que uno de ellos no los pueda tocar.
El solo hecho de que la estrategia acapulqueña ya se esté mencionando en Tabasco dice mucho de quienes administraron recursos públicos y ahora enfrentan la revisión de sus cuentas.
El argumento jurídico puede ser defendible. El problema es que a la gente común le va a costar trabajo entender que un servidor público ponga más energía en esquivar una auditoría que en demostrar que usó bien el dinero de los contribuyentes.
Si el precedente de Acapulco se multiplica, el Congreso tabasqueño y el propio OSFE van a tener uno de los retos más serios de los últimos años en materia de fiscalización, pues una cosa es discutir quién tiene competencia para revisar el gasto federal, y otra muy distinta es pugnar porque haya menos vigilancia sobre el dinero de todos.
En palabras simples: lo que pasó en Acapulco ocurrió porque Guerrero no tenía convenio con la ASF. De ahí que la SCJN concediera el amparo. Además, la legislación de Guerrero exige expresamente ese convenio.
En Tabasco, empero, sí existe la coordinación legal para que el órgano local audite recursos federales. Punto.
