Por
Rodulfo Reyes
En menos de una semana ocurrieron en Tabasco dos hechos de violencia de alto impacto relacionados con la política. El viernes 7 de octubre fue ejecutado un cuñado del alcalde de Jonuta, Eric Garrido; el hermano de la esposa del edil fue atacado a balazos en un bar ubicado en la calle principal de la cabecera del municipio. Cuatro días después, el martes 11, dos sujetos a bordo de una motocicleta acribillaron en la entrada de su casa a Gregorio Arias Pérez, ex presidente municipal de Comalcalco.
Si bien ambos casos no tienen conexión entre sí, poseen como denominador común que se trata de crímenes contra personas relacionadas con políticos y la política. En el primer evento a los victimarios no les importó que Uriel Ricárdez Cabrera tuviera parentesco con la primera autoridad del municipio. En el caso del priísta Goyo Arias, Comalcalco es un territorio en donde la violencia contra políticos ha estado presente.
El 6 de marzo de 2020, el exdiputado federal perredista Héctor Peralta Grappin sufrió un atentado en este último municipio del que salió ileso milagrosamente, pues las ventanas de su carro quedaron hechas áñicas y él recibió por lo menos ocho disparos.
Se puede argumentar que tanto Jonuta como Comalcalco son tierra caliente (el primero por ser paso obligado del tráfico de personas y de estupefacientes, y el segundo por ser zona abierta del contrabando de gasolina robada a Pemex), pero que los criminales atenten contra personajes relacionados con la política lleva a pensar que no se trata de delincuencia común.
¿Se imagina usted que si alguien se atreve a matar al hermano de la esposa de la primera autoridad de un municipio qué no le haría a un ciudadano sin ninguna protección? ¿Y si se atenta contra un exalcalde que aún mantiene popularidad?
De entrada se trata de crímenes de alto impacto, lo que puede verse en las reacciones que no se hicieron esperar en las redes sociales.
Más allá de que los adversarios de Eric Garrido trataron de usar el homicidio como arma política para continuar atacándolo, en Jonuta –al igual que en Tenosique y Emiliano Zapata, municipios igual de calientes– se impone que la Guardia Nacional refuerce su presencia.
En Comalcalco también urge que se redoble el combate al robo de combustible, lo que parece ser una de las líneas de investigación en los casos policiacos relacionados con la política.
Los sucesos de Jonuta y Comalcalco se dan en un momento en que algunos jefes policiacos de Tabasco se encuentran en la conversación nacional por el tema del hackeo de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizado por el grupo Guacamaya.
Hasta antes de los sucesos en aquellos municipios, el estado se mantenía en relativa calma, con hechos de violencia, sí, pero desarrollados en el entorno de los grupos criminales relacionados con delitos de alto impacto.
Precisamente, más allá de cualquier otra consideración, en diversos sectores se ha venido reconociendo el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, lo mismo que del fiscal general Nicolás Bautista Ovando.
Por eso se cree que muy pronto en el edifico de la Avenida Usumacinta se presentará información relacionado con los hechos que calentaron el ambiente en la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Para su información…
SEGUIDORES DE LA jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tienen contemplado realizar actos a su favor durante la visita a Villahermosa que en días próximos tendrá el secretario de Gobernación, quien estará en el Congreso local para solicitar el apoyo a la reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena hasta 2028. El proselitismo podría salirse de control: también los partidarios de Adán Augusto esperan concentrarse en Plaza de Armas para que los gritos de ¡presidente, presidente! se escuchen más allá de Tabasco.
