Por
Rodulfo Reyes
En Tabasco, los problemas de Movimiento Ciudadano (MC) en dos de sus tres ayuntamientos tienen la particularidad de que las imputaciones contra sus autoridades provienen de la federación, en acciones derivadas de la Operación Enjambre, lo que aleja la sospecha de que se trate de un asunto local.
La intervención ha sido de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de su homóloga estatal. En Paraíso, las investigaciones alcanzan al alcalde Alfonso Baca Sevilla, contra quien existe una orden de aprehensión por contrabando de hidrocarburos; en Emiliano Zapata fue detenido Cleofás Juárez Lara, director de Seguridad Pública del ayuntamiento que encabeza José Armín Marín Saury.
Estos expedientes por delincuencia organizada ponen contra la pared a la dirigencia estatal que encabeza Karla Rabelo Estrada, pues no se trata de un funcionario bajo sospecha, sino de dos administraciones cuyos casos ya escalaron al ámbito penal federal y obligan al partido a explicar los perfiles de sus autoridades.
Rabelo Estrada fue diputada local y federal de Morena durante los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos. En 2023 coordinó en Huimanguillo la precampaña presidencial del hoy senador; luego rompió con Morena y se incorporó al partido de Dante Delgado.
El 19 de agosto pasado, la FGR realizó un operativo en Paraíso en propiedades vinculadas a Baca Sevilla. El edil no fue localizado y posteriormente solicitó licencia por 90 días.
En Emiliano Zapata, Cleofás Juárez enfrenta imputaciones por delitos contra la salud, extorsión, cohecho y secuestro. Un juez le impuso el pasado viernes prisión preventiva oficiosa.
Este arresto compromete políticamente al edil Marín Saury, quien desde antes de incorporarse a MC ya enfrentaba señalamientos por presuntos vínculos con criminales.
En entrevista de radio tras la captura de su colaborador, Marín dijo estar sorprendido y sostuvo que el jefe policiaco le había informado que aprobó sus exámenes de control de confianza, pero no explicó qué mecanismos de supervisión aplicó sobre el responsable de la corporación.
Ayer, en rueda de prensa, el gobernador Javier May Rodríguez descartó que el caso tenga motivaciones políticas o forme parte de una persecución contra el alcalde emecista.
«No actuamos de manera política ni fabricamos ningún delito, tampoco hay persecución contra nadie», afirmó.
Paraíso y Emiliano Zapata son los municipios bajo sospecha; la tercera alcaldía naranja en el estado, que se compone de 17 municipios, es Tacotalpa. En uno, el caso alcanza al alcalde; en el otro, al responsable de la seguridad pública.
Son carpetas distintas, pero la coincidencia apunta a un problema político para el partido: la conducta y los antecedentes de quienes llegan a cargos públicos bajo su bandera.
Aún no está probado que los dos ayuntamientos estén controlados por el crimen organizado, pero tampoco basta con presentar los casos como asuntos políticos y desentenderse de la responsabilidad institucional.
Con la mira puesta en las elecciones de 2027, MC tendrá que fijar una posición: ambos casos están bajo la lupa de las autoridades federales y no se trata de expedientes armados en Tabasco.
La dirigencia debe explicar qué criterios utiliza para seleccionar a sus candidatos y cómo supervisa a quienes llegan al poder.
Y si bien las responsabilidades penales tendrán que establecerse en los tribunales, el costo político ha alcanzado al movimiento naranja, que ya se perfilaba para convertirse en la verdadera oposición al partido gobernante, por encima de PRI, PRD y PAN.
PARA SU INFORMACIÓN…
EL ESCÁNDALO en el INE por la renuncia de su presidenta Guadalupe Taddei alcanzó a Tabasco: Mario Alberto Alejo García, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización —exhibido en audios recibiendo instrucciones del contratista y pareja sentimental de Taddei—, es un cuadro formado en el Congreso estatal y en ayuntamientos tabasqueños que llegó a la UTF como exasesor del consejero Jorge Montaño Ventura. Al tabasqueño Montaño y al senador Adán Augusto López Hernández los une el caso de la compra fraudulenta del edificio del IEPCT, que tras 15 años de haber sido adquirido a sobreprecio, sigue sin funcionar.
