Por
Rodulfo Reyes
Lo que ocurre en el municipio de Reforma, Chiapas dejó de ser un problema exclusivamente chiapaneco. La cercanía de esa demarcación con Tabasco ha provocado que los transportistas involucrados en el conflicto busquen en Villahermosa un espacio para denunciar lo que, aseguran, es un monopolio impuesto mediante amenazas, bloqueos y agresiones.
No es casualidad que hayan venido a la capital tabasqueña a socializar su caso. Reforma colinda con Tabasco y Villahermosa les queda mucho más cerca que Tuxtla Gutiérrez.
Mientras la capital chiapaneca se encuentra a varias horas por carretera, la capital tabasqueña es el punto natural de comunicación para esa región fronteriza, donde la actividad petrolera y de la construcción mantiene una intensa relación económica entre ambos estados.
Los denunciantes sostienen que integrantes de la llamada Unión de Volteos de Reforma y los hermanos Martínez Rojas, conocidos como Los Oaxacos, mantienen el control del transporte de carga mediante la intimidación, impidiendo que otras empresas legalmente constituidas puedan trabajar.
Luis Felipe Álvarez Álvarez, presidente de la Unión de Volteos de la CTM y de la empresa Fletes, Suministros de Materiales y Agregados de Reforma, afirmó que el grupo encabezado por Salomón Asencio García los ha señalado falsamente como «piratas» para justificar bloqueos carreteros y agresiones.
Aseguró que tanto su organización como sus empresas cuentan con la documentación legal correspondiente y que, pese a ello, se les impide acceder a los centros de trabajo.
Según su versión, el conflicto comenzó en marzo de 2024 y desde entonces se han registrado al menos cinco incidentes graves, además de pérdidas económicas millonarias.
Álvarez también denunció tráfico de influencias por parte del delegado de Gobierno en Reforma, Carlos Mario Pérez Gallegos, a quien acusa de intervenir en favor de la Unión de Volteos.
De acuerdo con el transportista, existen cuatro carpetas de investigación: dos contra integrantes de esa organización y dos contra el funcionario estatal. Las denuncias incluyen agresiones físicas, retención ilegal de camiones, daños a unidades de carga y bloqueos carreteros, sin que hasta ahora, afirmó, existan avances relevantes en las investigaciones.
Los inconformes sostienen además que, cuando alguna empresa requiere introducir camiones mezcladores o equipo pesado, se le obliga a contratar exclusivamente a la Unión de Volteos, lo que —aseguran— constituye un esquema de control que inhibe la competencia y afecta la inversión.
Por ello solicitaron la intervención del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y del fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, para destrabar las investigaciones y garantizar condiciones de libre competencia y de trabajo en Reforma.
Más allá de quién tenga la razón jurídica, el conflicto merece atención por una razón adicional: ocurre en un municipio fronterizo con Tabasco y sus efectos ya rebasaron los límites estatales; que los afectados hayan optado por venir a Villahermosa para hacer públicas sus denuncias es una muestra de la estrecha relación económica y social entre ambas entidades, pero también de la distancia política y geográfica que sienten respecto de las autoridades asentadas en Tuxtla Gutiérrez.
En una zona estratégica para la actividad petrolera y el transporte de materiales, dejar crecer este conflicto sólo incrementará la incertidumbre para empresas y trabajadores.
