Por
Rodulfo Reyes
La carta manuscrita que Hernán Bermúdez Requena difundió antenoche no parece la defensa de un hombre que intenta demostrar su inocencia. Más bien, es la construcción de una coartada política para proteger a Adán Augusto López Hernández.
No estamos ante un exfuncionario de 73 años escribiendo desde el penal del Altiplano para limpiar su nombre. Estamos ante un operador que desde la cárcel intenta trasladar a otros la narrativa de la persecución política con la que busca defenderse.
En su mensaje, Bermúdez habla de una campaña mediática emprendida en su contra desde septiembre de 2025 —el mismo mes en que lo detuvieron en Paraguay—, reclama el respeto a la presunción de inocencia y reivindica su trayectoria al servicio de seis gobernadores. Entre ellos menciona expresamente a Adán Augusto, lo que no es cualquier detalle.
Cuando el exsecretario de Seguridad sostiene que es víctima de acusaciones sin sustento, también extiende ese argumento hacia el grupo político al que pertenece. La defensa de Hernán termina convirtiéndose en la coartada del senador.
No es casualidad que dos de sus exjefes sigan sosteniendo que nunca tuvieron indicios de una posible relación entre él y la delincuencia organizada. Tanto Adán Augusto como Carlos Merino Campos continúan defendiendo la gestión del exsecretario.
Otro exgobernador, Manuel Andrade Díaz, fue incluso más lejos. Cuando estalló el escándalo de La Barredora, sostuvo que la ofensiva judicial no tenía como propósito impartir justicia, sino afectar políticamente a López Hernández. Ayer, además, difundió en sus redes sociales la denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de su excolaborador contra el gobernador Javier May Rodríguez.
Sin embargo, la tesis de la persecución política choca con una larga cadena de antecedentes: En junio de 2006, agentes de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR detuvieron a Bermúdez en Villahermosa por su presunta participación en el secuestro y asesinato del narcotraficante veracruzano Ponciano Vázquez Lagunes. Permaneció arraigado durante 11 días. Extraoficialmente se dijo que el gobernador Manuel Andrade intervino ante la federación para que fuera liberado.
Dieciséis años después, en septiembre de 2022, la filtración de documentos militares realizada por el colectivo Guacamaya leaks reveló reportes de inteligencia que lo identificaban como presunto líder de La Barredora, una organización vinculada al CJNG.
Vale la pena subrayarlo: esos informes fueron elaborados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuando Carlos Merino ocupaba la gubernatura de Tabasco. Así, Javier May no fue el primero en señalarlo.
El 22 de diciembre de 2023 ocurrió otro episodio difícil de ignorar. Una balacera se registró en la vivienda de Bermúdez, en el fraccionamiento Campestre. Ese mismo día desaparecieron dos agentes asignados a la seguridad del inmueble. Sus cuerpos decapitados fueron hallados posteriormente en Chiapas, en la frontera con Tabasco.
Más tarde, Carlos Tomás “N”, alias Lic Tomasín, declaró que esos policías habían sido asesinados por órdenes de El Prada, que con la balacera en la residencia del jefe policíaco rompió con él, y que Bermúdez había autorizado, a manera de ofrenda, la doble ejecución.
En julio de 2025 fue detenido Ulises “N”, alias El Mamado, otro de los hombres identificados como integrantes del círculo más cercano del exsecretario. Antes había sido capturado en Paraíso Norberto “N”, alias El Peje, señalado como uno de los principales dirigentes de la organización.
Los acusaciones de estos apuntan en la misma dirección. Por eso la carta de Hernán no puede interpretarse únicamente como el intento de un acusado por limpiar su imagen. También es una pieza política elaborada para extender el beneficio de la duda hacia quienes formaron parte de su círculo.
El mensaje no parece estar dirigido al juez que resolverá su situación jurídica. El verdadero destinatario sería otro…
La carta de Hernán no es un grito de inocencia. Es un escudo que sigue cubriendo al senador.
