Por
Rodulfo Reyes
Un reporte de la revista Proceso, establece que la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) ha dejado al descubierto una red de funcionarios tabasqueños que el consejero Jorge Montaño Ventura colocó en posiciones estratégicas del organismo, varios de ellos vinculados al grupo político del senador Adán Augusto López Hernández.
La investigación de la influyente publicación nacional documenta la forma en que Taddei, después de que el Senado —entonces presidido por Adán Augusto— le otorgara de manera subrepticia facultades para nombrar a los altos funcionarios sin pasar por el Consejo General, incorporó a antiguos colaboradores del tabasqueño a distintas áreas del instituto.
Entre los nombramientos destaca el de Mario Alberto Alejo García, quien llegó a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), una de las áreas más sensibles del organismo por su responsabilidad en la revisión del dinero que manejan partidos y candidatos.
Alejo García había trabajado con Montaño en Tabasco. Proceso precisa que su designación causó polémica porque no reunía los requisitos constitucionales para el cargo y que antes había ocupado cargos en el Congreso local durante el gobierno de Adán Augusto.
Desde la UTF se nombró, a su vez, a José Luis Hernández Villarruel como director de Análisis de Riesgos y a María del Carmen Cruz Tolentino, también con antecedentes laborales en el ámbito electoral tabasqueño.
La lista de funcionarios con vínculos con Tabasco incluye a Anahí Silva Tosca, quien fue subsecretaria de Asuntos Jurídicos durante el gobierno de Adán Augusto y ahora ocupa la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE; Ofelia Sánchez Frías, exjefa de investigación de delitos cibernéticos en la fiscalía estatal durante esa misma administración, y Rigoberto Riley Mata Villanueva, antiguo magistrado electoral en la entidad.
También aparecen Pedro René Concepción Arteaga, excontralor municipal de Paraíso, y Jesús Antonio Sabido Góngora, incorporados a distintas áreas del instituto.
Proceso aporta un nombre adicional: Nelly del Carmen Vargas Pérez, exdiputada local del distrito 12, hoy en la Dirección General de Administración del INE.
La investigación señala, además, que tres de los cinco asesores mejor pagados de los consejeros electorales pertenecen al equipo de Montaño: Nadia Angélica Brindis Sánchez, Daniel Alberto Guzmán Montiel, jefe de asesores, y Jorge Arturo Palacio Hernández. Sus percepciones netas mensuales superan los 108 mil pesos.
El caso de Montaño no comenzó en el INE. Su carrera en Tabasco estuvo marcada por su paso por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), el Tribunal Electoral de Tabasco y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a la que llegó durante el gobierno de Adán Augusto.
Uno de los episodios más cuestionados ocurrió en 2011, cuando el IEPCT adquirió un inmueble en la colonia Tamulté de las Barrancas, en Villahermosa, para instalar sus oficinas.
Montaño formó parte del grupo de consejeros encargado de buscar el edificio y defendió la compra, realizada por 32.6 millones de pesos. El inmueble había sido vendido por Gilberto Galassi Cevallos y la operación se formalizó ante la Notaría 27, propiedad de Adán Augusto López Hernández.
Una auditoría interna detectó un sobreprecio de 8 millones 308 mil pesos. Los dictámenes también advirtieron sobre las malas condiciones del edificio, sus daños estructurales y la inversión que requería para ser utilizado como sede del organismo.
En el expediente se involucró a Carlos Enrique Íñiguez Rosique, alias Caliche, entonces director administrativo del IEPCT, quien firmó el cheque y participó en la revisión de los inmuebles y la contratación del avalúo.
Años después, Adán Augusto incorporó a Caliche a su equipo político y administrativo. Por ese asunto, Montaño fue inhabilitado por cuatro años y el Congreso local lo removió del cargo de consejero electoral en octubre de 2015.
En noviembre de ese año se dictó en su contra un auto de formal prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, obtuvo un amparo y en junio de 2016 un juez local sobreseyó la causa penal al considerar que no se acreditaban los elementos del delito.
Quince años después de aquella compra, el nombre de Montaño vuelve a aparecer en una discusión sobre el manejo de recursos y las redes de poder dentro de una institución electoral. Esta vez, en el organismo encargado de organizar y vigilar las elecciones federales.
En Tabasco, su nombre también quedó ligado a la crisis que paralizó durante un mes al IEPCT. Cuatro consejeros retiraron en tres ocasiones de la agenda la propuesta para nombrar a José Guadalupe Pérez Uc como secretario ejecutivo, en medio de una confrontación que terminó con la designación unánime de Rigoberto de la O Gallegos.
La relación de Montaño con ese episodio es un tema de conversación pública. El propio consejero electoral Hernán González Sala negó haber recibido instrucciones suyas. Sin embargo, tres de los cuatro consejeros que participaron en el bloqueo habían sido designados en septiembre de 2024, cuando Montaño ya formaba parte del Consejo General del INE.
Sus nombramientos fueron aprobados por el órgano colegiado, no por él de manera individual. La coincidencia alimentó las preguntas sobre la influencia que el consejero nacional conserva en la política electoral tabasqueña y sobre la relación de ese grupo con López Hernández.
Montaño ha negado tener injerencia en el IEPCT y también ha rechazado que mantenga una relación política con el senador. En una entrevista con Telereportaje sostuvo que tiene cercanía con todos los integrantes del Consejo General del INE.
Pero la investigación de Proceso desliza otra interrogante: ¿hasta dónde llega la red de colaboradores que Montaño ha llevado al instituto y qué vínculos políticos mantienen algunos de ellos?
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE no significa que Montaño pierda su asiento. Su encargo como consejero electoral concluye hasta 2032. Y aunque ya no tenga a Taddei al frente del organismo, los nombramientos y las relaciones que construyó durante estos años siguen ahí.
El consejero que hizo carrera bajo el cobijo del grupo de Adán Augusto en Tabasco enfrenta ahora el escrutinio nacional por la presencia de sus antiguos colaboradores en áreas clave del árbitro electoral.
La pregunta, como apunta Proceso, es si el INE revisará esas designaciones y los antecedentes de quienes hoy ocupan puestos estratégicos o si la red tabasqueña seguirá operando sin mayores explicaciones.
