Por
Rodulfo Reyes
Ante lo que se percibe como una presión creciente desde Estados Unidos sobre el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, resulta indispensable analizar el papel de la prensa mexicana frente a la narrativa del llamado “narcogobierno”, así como su labor al documentar y difundir irregularidades en el entorno familiar del expresidente, hechos que han sido tomados en cuenta en la disputa bilateral.
Para comprender la confrontación entre el oriundo de Macuspana y los medios durante su sexenio, es necesario remontarse a sus años en Tabasco. Desde que renunció al PRI en 1988, López Obrador enfrentó una prensa local hostil que recurrió a difamaciones y ataques personales extremos; se publicaron señalamientos injuriosos —incluso acusaciones de zoofilia— y se patrocinaron desde el gobierno priísta «libros» que lo culpaban de la muerte de uno de sus hermanos durante una tragedia familiar.
Fueron campañas de desprestigio características de la guerra sucia priista de aquel entonces. Esa experiencia probablemente marcó su visión, y durante décadas como líder opositor sostuvo que los comunicadores debían tomar partido, y que quien no estuviera con “el pueblo” —es decir, con él— era reaccionario. Desde entonces predominó una desconfianza mutua.
Al llegar a la Presidencia, ese recelo se transformó en enfrentamiento abierto, y utilizó las conferencias matutinas para atacar sistemáticamente a periodistas como Carlos Loret, Joaquín López‑Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Ramón Alberto Garza, entre otros; solo Raymundo Riva Palacio obtuvo una resolución judicial que frenó los ataques reiterados contra él desde Palacio Nacional.
El mensaje era que se usaría la autoridad presidencial para acorralar a quienes ejercían la crítica. No obstante, los medios que combatió no se limitaron a responder con opiniones y realizaron investigaciones rigurosas.
Medios como Latinus y Código Magenta difundieron trabajos sustentados en documentos oficiales y aun intervenciones telefónicas que revelaron negocios irregulares en el círculo cercano del expresidente, incluido el huachicol fiscal.
Esas indagatorias, que no inventaron la etiqueta de “narcogobierno”, solo expusieron hechos comprobables que el régimen no logró desmentir de forma sólida.
Al señalar vínculos de esas operaciones con empresas y redes que operaban también en territorio estadounidense, el tema terminó integrándose a la agenda de Washington.
Hoy esa labor periodística resulta útil para la presión que ejerce Estados Unidos, pero es importante diferenciar que no se trata que los medios actúen como portavoces de otro país.
Sucede que las investigaciones serias que el obradorismo intentó silenciar siguen vigentes y coinciden con los temas prioritarios de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, al que considera «terrorismo».
En conclusión: la prensa tabasqueña de los años noventa no logró doblegar a López Obrador. A su vez, los medios nacionales que él quiso aplastar desde el poder sí lograron dar a conocer situaciones vulnerables de su entorno; una vez publicadas, esas investigaciones demostraron tener mayor peso que los embates presidenciales desde la cúpula gubernamental.
